Preguntas Frecuentes (FAQ) COVID-19

Las vacaciones deben ser pactadas entre el empresario y el trabajador, y si bien hay convenios que recogen determinadas obligaciones para disfrutarlas en ciertos períodos, el empresario no puede obligar al trabajador a disfrutar sus vacaciones en este determinado momento. El artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores, recoge que "el periodo o periodos de su disfrute se fijará en común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones". puesto que además estaría incumpliendo el preaviso de dos meses previos, necesario de comunicación al trabajador.

Lo lógico será que el trabajador de baja pase a entrar en las condiciones del ERTE una vez finalice el período de baja. Por tanto si se encuentra en situación de incapacidad temporal (IT) o de maternidad o paternidad, el trabajador es incluido en un procedimiento de regulación de empleo de suspensión o reducción de jornada, no le afectarán sus medidas hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de descanso por maternidad o el permiso por paternidad.

Si pasa a una situación de incapacidad temporal (IT), después de estar en el ERTE, el SEPE, por delegación del delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), le abonará la prestación por incapacidad temporal, cuya cuantía será igual a la prestación por desempleo, con el consumo correspondiente de días de prestación. En el supuesto de iniciar una baja de maternidad o paternidad: se le suspenderá el pago de la prestación por desempleo y empezará a cobrar la prestación por maternidad o paternidad, gestionada directamente por el INSS. Una vez que termine la prestación por maternidad o paternidad, se reanudará la prestación por desempleo durante el tiempo que le quedara por percibir y la cuantía que le correspondiera en el momento.

No hay ninguna medida aprobada que regule estos casos, así que las personas trabajadoras en principio deben cumplir con las directrices de la empresa, pudiendo, en el caso de negarse a trabajar, ser sancionado conforme el régimen disciplinario establecido en su Convenio Colectivo. No obstante, y únicamente en el caso de que exista peligro grave, inminente e inevitable, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los trabajadores podrán interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo, incluso desobedeciendo una orden empresarial.

La ley de prevención de riesgos laborales, como ya hemos expuesto, permite la posibilidad de paralizar la actividad laboral si existiera un riesgo grave e inminente para la salud de las personas trabajadoras, como puede ser un posible contagio entre la plantilla. Distinto es si la empresa decide a paralización a consecuencia de una reducción o suspensión de su actividad productiva como consecuencia de los efectos del coronavirus (problemas de suministros, descenso de demanda, imposibilidad efectiva de la prestación del servicio, etc.). En estos casos la empresa o puede plantear el teletrabajo o puede plantear un ERTE para reducir la jornada o suspender contratos, entendiendo que tales medidas son de carácter temporal y con arreglo a los procedimientos establecidos.

Si, cuando la causa directa de a paralización de actividad sea a consecuencia del COVID-19, se procederá a iniciar o la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo. Todo ello, insistimos, que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma que deriven en cierre de actividad, restricción del transporte, falta de suministro o situaciones urgentes y extraordinarias al contagio de plantilla que impidan llevar a cabo el desarrollo de la actividad, que impliquen suspensión o cancelación de actividades tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

El Ministerio de Trabajo y Servicio Público de Empleo ha informado que no se tendrán en cuenta los plazos establecidos para solicitar prestaciones mientras dure el Estado de Alarma. Y, aunque la atención presencial en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha quedado suspendida desde el lunes 16 de marzo, sí funciona la vía telemática. La presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

Si no es en el marco de un ERTE, no. Sería un cambio en el tipo de contrato, y modificación de las condiciones, de jornada completa a parcial, y esto no puede hacerse de forma unilateral por la empresa.

No, salvo causa justificada de enfermedad de uno de los padres/madres, del hijo/a o de otros convivientes del domicilio en el que se ejerza la guarda y custodia. En los Reales Decretos que se han ido dictando desde que se decretara el estado de alarma, se contempla la necesidad de la circulación por la vía pública para recoger y reintegrar a un menor, así como la utilización del servicio público, guardando las correspondientes medidas de seguridad sanitarias, y supervisando en todo momento las medidas higiénicas de los niños/as. En principio, el RD permite el movimiento, traslado y acompañamiento de los menores de casa del padre a la de la madre, o viceversa.

Debemos distinguir: 1.- Las visitas de fines de semana, intersemanales con pernocta y el régimen vacacional (p.e. Semana Santa) se mantienen, salvo causa justificada de enfermedad de uno de los miembros de la pareja, el/la menor o de otros convivientes del domicilio en el que se ejerza la guarda y custodia. En principio, el RD permite el movimiento, traslado y acompañamiento de los menores de casa de uno de los miembros de la pareja a la del otro para recoger y reintegrar al menor, así como la utilización del servicio público para los traslados, guardando las correspondientes medidas de seguridad sanitarias, y supervisando en todo momento las medidas higiénicas de los/las menores. 2.- Otra cuestión más compleja son las visitas intersemanales sin pernocta, tanto en la custodia compartida como individual. En principio no está prohibido, pero habrá que valorar si dichas visitas que normalmente son de pocas horas, justificarían arriesgar la salud de los menores y las personas de su entorno, en caso de duda habrá que priorizar garantizar la salud pública. Como alternativa y dado que las visitas de los fines de semana alternos no se suspende, se podría unir las horas de las visitas intersemanales al fin de semana para que el padre / la madre no perdiera dichas horas y reducir los traslados del menor. En todo caso, lo que es unánime es que las visitas intersemanales y visitas sin pernocta que deben desarrollarse en espacios públicos porque el progenitor visitante reside a mucha distancia del domicilio habitual de los menores, sí se ven afectadas. La razón estriba en que está prohibida la utilización de los espacios públicos. Es decir, el progenitor no podrá recoger al menor y permanecer en la vía pública, ni acudir a un centro de ocio, centro comercial, al cine o a una cafetería, por lo que este tipo de visitas forzosamente quedan en suspenso.

Sí, se suspenden. Este es el único caso en el que parece haber conformidad entre todos los operadores jurídicos suspendiendo dichas visitas por la falta de disponibilidad de estos centros y por considerar la existencia de una conflictividad en las visitas que impide el desarrollo sin la intermediación de dichas entidades. Lo normal en este supuestos es que cuando se levante el estado de alarma, se produzca una compensación por las visitas de las que progenitores afectados e hijos, no han podido disfrutar.

Si el/la menor ha de estar hospitalizado, ambos miembros de la pareja pueden y deben cuidarle y atenderle en el centro hospitalario, cumpliendo las normas de dicho centro, con independencia del sistema que tengan determinado. Estaríamos en uno de los casos en los que está permitida la circulación por la vía pública y uso de espacios públicos por el Real Decreto 463/20 y RD 465/20.

Este es uno de los supuestos en que estaría permitido suspender el régimen de visitas, guarda y custodia compartida, custodia individual por uno de los progenitores, quedándose con el otro progenitor no afectado por la enfermedad hasta que se acredite la inexistencia de peligro para la salud del menor. De igual manera se podría suspender si el progenitor que tenga la guarda o custodia o vaya a disfrutar de la misma por estar establecida la custodia compartida conviva con una persona afectada por el virus o cuando el contagiado sea el propio menor.

Sí, este sería uno de los supuestos en que se permitiría suspender las visitas, así como aquellos en los que el menor sufra una patología susceptible de agravarse con el coronavirus, si bien debe facilitar por los medios y de la forma más amplia en que le sea posible la comunicación con el otro progenitor a través de videollamadas, etc.

Sí, no tanto por el hecho del desplazamiento dado que es uno de los supuestos en los que se permite circular por la vía pública, sino por que es uno de los supuestos excepcionales de interrupción del régimen de visitas al residir el progenitor no custodio en una zona de transmisión comunitaria grave o si fuera el caso, por residir en un territorio en que se han adoptado decisiones administrativas de confinamiento de toda la población.

No. Únicamente, tienen que aceptarla las empresas, entidades públicas de vivienda y, los grandes tenedores de inmuebles.

El concepto de “gran tenedor de inmuebles” fue usado ya en el RD Ley 11/2020, de 31 de marzo (Enlace: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.). Persona física o jurídica que tenga más de 10 inmuebles urbanos. Excluídos garajes y trasteros o, una superficie construída de más de 1.500m2. concepto numérico no por destino ( no diferencia que estén o no alquilados ).

• Solicitar el inquilino una nota de localización al Registro de la Propiedad (propiedades en territorio nacional) y, además, solicitar una Nota simple al Registro de la Propiedad, para conocer el tipo de finca (vivienda, local, garaje, parcela rústica).

Problema: que el arrendador no destine a alquiler los otros bienes inmuebles.

No está claro si el arrendador que ya tenía un acuerdo previo, por ejemplo, por 2 meses, está obligado ahora a aceptar la moratoria, por los 2 meses que resten para el plazo máximo previsto. La norma prevé “deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta”.

En el IVA, en relación con las rentas aplazadas, se establece que deberá satisfacerse cuando sea exigible el alquiler; en consecuencia, mientras las rentas estén aplazadas por la aplicación de la moratoria, no habrá obligación de repercutir el IVA y, el arrendador no está obligado a ingresar la cuota de IVA. Respecto del IRPF, no se produce el devengo mientras las rentas no sean exigibles. El arrendador, por lo tanto, no debe incluir en sus rentas el IRPF. La propia AEAT aclara que tampoco habrá que imputar rentas inmobiliarias por este plazo. Lo mismo ocurre con las retenciones del alquiler, el inquilino no está obligado a retener hasta que se pague la renta y, en ese momento, el arrendador podrá deducirse la retención practicada.

Até agora, a Lei de Sociedades de Capital (art. 182) prevía a posibilidade de asistir á Xunta Xeral por medios telemáticos. Aínda que o devandito artigo se refería ás sociedades anónimas, a doutrina da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado entendeu que tamén resultaba de aplicación ás sociedades limitadas. Agora ben, en todo caso era necesario que os Estatutos da sociedade previsen a posibilidade de asistencia (e voto) telemático. Coa declaración do estado de alarma, o Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, no seu art. 40 (modificado por aptdo 13 da D.F. 1ª do RDL 11/2020) establece que, aínda que os estatutos non o previron, durante o período de alarma, as sesións dos órganos de goberno e de administración das asociacións, das sociedades civís e mercantís, do consello reitor das sociedades cooperativas e do padroado das fundacións poderán celebrarse por videoconferencia que asegure a autenticidade e a conexión bilateral ou plurilateral en tempo real con imaxe e son dos asistentes en remoto. Nestes casos, a reunión entenderase celebrada no domicilio social. Ademais, tamén se posibilita, aínda que os estatutos non o previron, que os acordos dos devanditos órganos poidan igualmente adoptarse mediante votación por escrito e sen sesión, sempre que o decida o presidente e deberán adoptarse así cando o soliciten, polo menos, dous dos membros do órgano. Ditas previsións estarán en vigor mentres dure o período de alarma, polo que, en canto se supere esta situación e volvamos á normalidade, volverá ser necesario que os estatutos sociais prevexan esta posibilidade para poder celebrar reunións de forma telemática. Como queira que é moi probable que se volva repetir esta situación, conviría modificar os estatutos nese sentido para prever esta posibilidade. Tamén resulta posible aprazar a presentación das contas anuais de 2.019 até tres meses despois de que finalice o estado de alarma, pero é algo voluntario sendo igualmente válido facelo no prazo ordinario.